Solicitan al Defensor del Pueblo que presente recurso contra el polémico «Decretazo Digital»

Asociaciones de defensa de los derechos digitales, usuarios, consumidores y juristas han solicitado al Defensor del Pueblo que promueva la nulidad por el Tribunal Constitucional del Decreto-ley aprobado a finales de 2019 que permite intervenir servicios digitales si amenazan al orden público.

Tras presentar un escrito en la oficina del Defensor del Pueblo, los firmantes explicaron que el Real Decreto-ley 14/201, podría vulnerar varios artículos de la Constitución, como el 18, el 20 y el 86, entre otros.

«Nadie discute que por motivos de seguridad nacional se puedan tomas medidas, pero tienen que ser claras, saber qué se puede hacer, quién lo puede hacer, en qué condiciones y bajo qué circunstancias y el Decreto-ley no es nada claro», ha apuntado el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Lorenzo Cotino.

«Tenemos una ley que ni los juristas, ni los técnicos acaban de saber a qué da derecho al Gobierno y ese es uno de los más graves problemas».

Más conocido como «Decretazo Digital», el Real Decreto-ley 14/201, permite al Gobierno acordar la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

El director legal de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida, cree que esta norma podría dar, llegado el caso, la facultad al Gobierno de «provocar un apagón digital», cuando en determinadas circunstancias de orden público el Ejecutivo estime que hay riesgos que justifican esta medida, ha explicado.

Una medida que, tal como está en el Decreto-ley, «no requiere de intervención judicial» lo que para los firmantes de la petición es inconstitucional, pues el artículo 20 de nuestra Carta Magna establece que para secuestrar cualquier tipo de publicación «es necesaria una autorización judicial».

Además, ha esperado que Francisco Marugán, el Defensor del Pueblo, y posteriormente el Tribunal Constitucional, atiendan a su petición y argumentos «para parar los pies a los políticos que regular aquello que no entienden».